El 72% de las normas con rango de ley han sido desarrolladas a través de un Real Decreto Ley.
Por quinto año consecutivo la patronal empresarial CEOE ha publicado su informe de producción normativa. En este 2020, marcado por la pandemia del Covid-19 ha crecido de forma notable la carga regulatoria que soportan las empresas.
Cuestiones como la aprobación de los ERTE, el texto refundido de la normativa concursal, los nuevos plazos tributarios, o las distintas moratorias aprobadas para empresarios y autónomos han generado muchas consultas en los despachos de abogados.
Además el pasado año fue el quinto ejercicio consecutivo en el que el número de reales decreto ha sido superior al de leyes ordinarias publicadas en el BOE.
El informe concluye que las normas de carácter nacional publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se incrementaron un 22,4% durante el ejercicio 2020, mientras que las normas con rango de ley a escala autonómica lo hicieron en un 7%.
El estudio del Departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras (DICI) de CEOE advierte de la excepcionalidad de los datos por el efecto de la pandemia de COVID-19 en la actividad normativa de las administraciones.
Al mismo tiempo, recoge que el último Informe de Competitividad Mundial del ‘World Economic Forum’, correspondiente a 2019, sitúa a España en el puesto 114 de 141 países a la hora de valorar el nivel de carga que supone para las empresas tener que cumplir con toda la regulación existente.
En concreto, el estudio destaca que se aprobaron 793 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal a lo largo del año 2020, lo que supone un incremento del 22,4% con respecto al ejercicio anterior, mientras que las normas con rango de ley no superaron las 53.
Además, la pandemia ha hecho que 2020 sea el año en el que más reales decreto ley se han aprobado en España (39), de forma que el 72% de las normas con rango de ley han sido desarrolladas a través de un Real Decreto Ley.
Otro de los datos que pone de relieve el informe es que en 2020 se editaron en el BOE 191.776 páginas, cifra que, si se suma a las de los boletines oficiales autonómicos (753.322), resulta en casi un millón de páginas publicadas (945.098).
El limbo en la normativa laboral
A nivel laboral, Ana Gómez, presidenta de ASNALA y socia de Ceca Magán Abogados, señala que “el legislador, vía decreto ley no le quedaba otra opción de gestionar una situación excepcional como la del coronavirus. Desde la instauración del Estado de alarma el pasado mes de marzo empieza una cascada normativa justificada pero no creo que haya sido correcta la forma en la que se ha regulado”.
Para esta experta en derecho laboral “esta cascada normativa ha generado bastante inseguridad jurídica. De hecho nos hemos encontrado con normas que se han clarificado en una normativa posterior. Sin embargo, las normas posteriores revisaban las anteriores. La técnica legislativa era muy mejorable”.
En este contexto, “nos encontramos desde el año pasado en una situación totalmente peligrosa, desde la falta de seguridad jurídica. No sabemos qué aplicar, si se puede o no despedir, como se aplica el cómputo de seis mese para hacerlo. Si hay o no fuerza mayor. No está nada claro el panorama”.
Ana Gómez, presidenta de ASNALA y socia de Ceca Magán Abogados. En su opinión, “el problema es ahora, porque ahora sí podrían mejorar la técnica legislativa y no se hace. Hay cierta pasividad en el legislador cuando realmente necesitamos que nos ayuden tanto a asesores como empresas. Está bien los préstamos o ICO pero hacen falta ayudas directas como se ha mencionado en distintos foros de actualidad”.
Gómez cree que el Gobierno “debe aclarar cuándo se puede despedir, sobre todo en una situación como la actual con tanta destrucción de negocios y de puestos de trabajo. Hay que clarificar la situación lo antes posible. El legislador debe ser claro y afrontar la realidad. No se puede vivir en el limbo del año pasado. La crisis es importante y hay que tomar medidas resolutivas”.
De esta legislación laboral aprobada de forma express “también hay cuestiones positivas que han ayudado mucho a las empresas como son la implantación de los ERTE para mantener el empleo. Sin esa regulación de contención para facilitar la hibernación de la actividad laboral se hubieran perdido muchos más puestos de trabajo”.
Para Gómez, estamos viviendo en un espacio de limbo “donde no hay un buen conductor en este barco. Se trata de adaptar la normativa laboral a la situación actual. Ha pasado un año y necesitamos una modificación de la legislación existente para responder a las demandas de las empresas y autónomos. Habrá que ver qué medidas toma el legislador para resolver las dudas que solo resuelven al final los tribunales de lo social”.
Normativa concursal que necesita cambios
La otra situación derivada de esta crisis ha sido la de las empresas en cuanto a su solvencia. Pese a la moratoria existente que concluye el 14 de marzo de no presentar concursos de acreedores, las empresas están teniendo muchos problemas, tanto a nivel de pymes como de grandes empresas, como es el caso de Abengoa.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, explicaba en una de sus últimas comparecencias públicas, la necesidad de reformar la normativa concursal porque el sistema actual es ineficiente. “Se trata de ayudar a las empresas que son viables y liquidar aquellas que no lo son”.
A su juicio, «necesitamos un procedimiento ágil y simplificado. Hacer posible que empresas endeudadas pero viables puede reestructurar su deuda de manera eficiente”.
Una reforma concursal que algunos expertos como Agustín Bou, hoy en BDO Abogados en su área de reestructuraciones de la oficina de Barcelona; Olga Forner, responsable de reestructuraciones e insolvencia de Marimón Abogados y Santiago Hurtado, socio de reestructuraciones de Simmons & Simmons, consideran necesaria.
Bou destacaba “la labor de los juzgados de lo Mercantil de Barcelona, que han creado la figura del mediador preconcursal que es una extraordinaria iniciativa para anticipar las soluciones de crisis, pero lamentablemente su labor entra en el campo de la mediación y, por tanto, sin ninguna capacidad para imponer decisiones”.
Forner, por su parte, indicaba que la situación actual es compleja, “te puedes encontrar con cuatro tipos de normas: la ley Concursal antigua; el texto refundido; la ley 3 del 2020 que recoge el Real Decreto y el apoyo a la solvencia empresarial de noviembre. Es una amalgama de normas que no ayuda a las empresas”.
Estos juristas señalaban que el procedimiento concursal se alarga en el tiempo en exceso. Hurtado cree que podrían abordarse cambios urgentes, “avanzar o consolidar un sistema de restructuración preventiva de la insolvencia. La mejor manera de evitar la inviabilidad es anticiparse a la insolvencia”.
Normativa europea más racional
Este informe de CEOE también hace un análisis de la producción normativa en la Unión Europea (UE).
En el plano de la Unión Europea, el número de actos jurídicos adoptados en 2020 ascendió a 2.030, distribuidos en 931 reglamentos, 20 directivas y 1.079 decisiones, lo que se traduce en un ligero incremento del 1,8% con respecto a 2020. En cuanto a la legislación total vigente en la UE, acumula un total de 51.924 normas.
Por todo ello, CEOE reclama un marco institucional que promueva un Estado de Derecho sólido, donde la regulación sea estable, fiable y cumpla con los criterios de las buenas prácticas regulatorias, lo que es imprescindible para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo empresarial.
En este sentido, se debe velar, defiende, por no añadir cargas innecesarias a las empresas, que para cumplir con la legislación que les es aplicable deben destinar ingentes recursos que lastran su competitividad e impiden que se genere mayor riqueza y empleo.
