Un total de tres millones de trabajadores podrán acreditar las competencias profesionales que han adquirido en el ámbito laboral o mediante vías no formales de formación, un procedimiento que afectará a todos los sectores productivos y al que se destinará un presupuesto de 852,5 millones de euros.
Casi la mitad de la población activa española (48 %) no dispone de un reconocimiento formal de sus competencias, pese a desempeñar su actividad laboral a diario, lo que reduce sus opciones formativas y laborales. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha aprobado este martes un real decreto que establece la apertura de un procedimiento de carácter permanente para evaluar y acreditar dichas competencias.
El procedimiento vigente hasta ahora solo ha certificado las habilidades profesionales de 300.000 trabajadores en diez años. Con un presupuesto inicial de casi 852,5 millones de euros, el Ministerio de Educación y FP acreditará las competencias de más de tres millones de personas en cuatro años.
El texto aprobado, que modifica el anterior real decreto sobre la materia de 2009, determina que las administraciones competentes mantendrán este proceso continuo para que cualquier persona pueda solicitarlo.
Es una de las actuaciones recogidas en el Plan de Modernización de la Formación Profesional con mayor impacto en la población activa, ya que pone fin a las limitaciones del método existente que ralentizaba mucho la acreditación de competencias a través de convocatorias concretas referidas a una o varias cualificaciones. Tendrá como referencia toda la oferta de FP vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
En un vídeo enviado a los medios de comunicación, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha señalado que esta iniciativa es un “paso más” en el objetivo de progresar hacia un sistema de Formación Profesional “integral y moderna”, y ha subrayado la relevancia del montante “inicial” que se destinará (852 millones) a esta cuestión.
Con esta medida, ha añadido, se posibilitará que tres millones de trabajadores acrediten sus competencias en los próximos cuatro años, y quienes se acojan “podrán completar su formación y obtener el título de FP o el certificado de profesionalidad que corresponde”.
De esta manera se dará respuesta a “un derecho básico” de los trabajadores que “les facilitará sin duda la progresión en sus itinerarios profesionales”.
El proceso se iniciará con una primera etapa en la que un asesor hará un informe orientativo sobre el aspirante.
A continuación, tendrá lugar la fase de evaluación a través del análisis del informe señalado, de la documentación aportada por el candidato y de diferentes métodos que permitan comprobar las competencias adquiridas en el lugar de trabajo. Finalmente, los resultados se transferirán a un registro de carácter estatal.
En cuanto a los requisitos, los candidatos deberán justificar al menos tres años de trabajo en el desarrollo de la competencia que desea acreditar, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas, en los 15 años previos a la presentación de la solicitud.
Para las unidades de competencia de nivel I, aquellas que recogen un conjunto reducido de actividades laborales relativamente sencillas, con conocimientos teóricos y capacidades prácticas limitadas, se requerirán dos años de experiencia con un mínimo de 1.200 horas trabajadas.
Esta transformación impulsada por el Ministerio de Isabel Celaá está en línea con las estrategias de empleo de la Unión Europea orientadas a la cualificación de la población activa con el fin de facilitar la empleabilidad, la movilidad, la cohesión social, la equidad y el aprendizaje a lo largo de la vida.
