Las empresas que soliciten extender sus ERTE más allá del próximo 30 de septiembre deberán acompañar su petición de ayudas de un plan para formar a sus empleados. Este requisito será imprescindible para quedar amparado por el nuevo esquema de ayudas que el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales, con quienes apenas ha comenzado a negociar este martes los detalles definitivos.
La novedad en el condicionado que exige el Gobierno para beneficiarse del esquema viene acompañada de la aceptación en gran parte de los planteamientos de patronales y sindicatos. Trabajo y Seguridad Social ofrecen un nuevo esquema que se extenderá hasta el 31 de enero con la misma lista de sectores beneficiados, si bien unifica las exoneraciones del que está vigente ahora. Mantiene el 100% para los ERTE de impedimento, del 50% para empresas de menos de 50 trabajadores en ERTE de limitación y 40% las empresas mayores, según ha explicado UGT.
La semana pasada el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantó que, por su parte, pondría el foco de la nueva prórroga de los ERTE en la formación de los trabajadores que queden acogidos a esta situación laboral que no computa como desempleo pero tampoco supone estar en activo. El argumento es que la reactivación de la economía ha llevado el nivel de afectados por ERTE hasta cerca de 253.000 y que una parte importante de ellos podría estar en el paro tan pronto desaparezca la protección social. Del total, 177.000 están suspendidos de empleo por completo, mientras que 80.000 lo están a tiempo parcial. En el lado de los trabajadores autónomos, los ceses de actividad que permiten a estos profesionales acogerse a esquemas de protección superan los 280.000. “Algunos tendrán que reajustarse dentro de la empresa o hacia otras empresas y sectores”, afirmó la semana pasada Escrivá en referencia a los asalariados.
El planteamiento definitivo debería ser aprobado en el Consejo de Ministros el próximo martes 28 de septiembre junto con el aumento de 15 euros en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Con los detalles aún por acordar en la mesa de negociación, el planteamiento del Gobierno es que las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social de las que se benefician las empresas como compensación por las limitaciones o impedimentos a su actividad estén vinculadas a esos cursos de formación, que deberán impartirse hasta junio del año que viene. Hay que reseñar que ya a partir del próximo mes de abril vencerán los blindajes que penalizan los despidos de empleados de empresas que se han acogido a ERTE hasta septiembre.
La propuesta del Gobierno pasa por que la que se espera que sea la última prórroga de los ERTE se extienda hasta el 31 de enero de 2022, tal y como demandan empresas y sindicatos. Desde el lanzamiento del primero el coste acumulado hasta septiembre ha ascendido a 27.000 millones de euros y es una de las razones por las que las que el Gobierno plantea esquemas más restrictivos. Eso sí, las empresas que actualmente están amparadas por el sistema de beneficios sociales deberán volver a tramitar sus solicitudes, ya que los expedientes no se prorrogarán de manera automática, según han avanzado fuentes presentes en la negociación.
